Astillero

Julio Hernández López
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■ Estamentos

■ De primera y de quinta

■ Empresarios al ataque

Ampliar la imagen LEVANTADO EN TIJUANA. En Baja California, Fernando Ocegueda Ruelas (ángulo inferior izquierdo, con traje y corbata) fue golpeado frente a familiares y secuestrado en la vía pública por elementos del crimen organizado que lo confundieron con uno de sus hermanos, de quien pretendían vengarse por haberlos enfrentado en una fiesta LEVANTADO EN TIJUANA. En Baja California, Fernando Ocegueda Ruelas (ángulo inferior izquierdo, con traje y corbata) fue golpeado frente a familiares y secuestrado en la vía pública por elementos del crimen organizado que lo confundieron con uno de sus hermanos, de quien pretendían vengarse por haberlos enfrentado en una fiesta Foto: Alfredo Sánchez Ortíz

Oficialmente ya hay mexicanos de primera y de quinta. A unos se les privilegia con sentidas expresiones de condolencia desde Los Pinos y Bucareli y a otros se les relega al más común de los silencios y al desentendimiento institucional.

Al muy criticado oportunismo declarativo y propositivo (la demagógica cárcel vitalicia) del ocupante de Los Pinos se sumó en estos días el clasismo funerario y políticamente exculpatorio del funcionario Mouriño, que se permitió adelantarse a las indagaciones judiciales de lo sucedido el pasado jueves en Culiacán y privilegió las hipótesis menos oscuras. Resulta que Marco Iván del Rincón Jarero apareció muerto el pasado jueves en su auto, estacionado a unos metros de una unidad habitacional militar, con un letrero que decía “Por quedar mal, pinche Jorgito, faltan 7 zetas, zzz”.

La referencia parecería destinada a Jorge del Rincón Bernal (panista histórico de Sinaloa, que fue tío e iniciador político de Manuel J. Clouthier) y a sus siete hijos restantes. Hay quienes suponen que la colocación de ese mensaje es una maniobra de distracción con la que se quiere inocular el expediente con el virus paralizante llamado narcotráfico (que, aplicado a miles de casos sucedidos a mexicanos de quinta a lo largo del calderonismo, constituye una virtual sentencia instantánea de culpabilidad que hace que las autoridades anexen esos crímenes a la lista de asuntos por olvidar). Pero existen indicios que abonan la suposición de la procuraduría estatal de justicia de que habría sido una ejecución “por venganza”. Sin que se haya esclarecido nada, y a riesgo de que el crimen tenga connotaciones menos heroicas, “el gobierno federal” expresó condolencias oficiales al señor Del Rincón, el licenciado Calderón prometió a la familia Clouthier que el asesinato no quedará sin castigo y el gobierno estatal nombró a su director de averiguaciones previas fiscal especial para atender el caso.

La destacada pertenencia al sector empresarial de los dos padres de hijos recientemente asesinados ha movido los mecanismos de acomedimiento político selectivo del poder calderonizado, pero también ha servido para avivar los deseos de participación política explícita de ese mismo segmento de elite. La sangre múltiple derramada a lo largo del país, y las muestras de bestial violencia que ya son noticia cotidiana, no habían provocado en el ámbito de los capitanes de empresa la indignación y el deseo de expresión política que sí han generado las muertes de personas cercanas a ellos.

El interés político militante de los timoneles del sector privado (han publicado manifiestos, mantienen una campaña mediática de indignación focalizada y han lanzado con fines exploratorios la idea de hacer una gran marcha) coincide con los tiempos en que el segmento social defensor del petróleo como bien público habrá de entrar en la anunciada fase de resistencia civil a que encaminan los acomodos de líderes formales tripartidistas que parecen totalmente decididos a transitar el sendero institucional de la aprobación de las maquilladas propuestas privatizadoras hechas por el calderonismo.

Aún cuando no sea ésa la intención, los ánimos manifestantes de ambos segmentos permiten confrontar diagnósticos y recetarios. Los grandes beneficiarios económicos de un régimen injusto pretenden organizar manifestaciones y ganar presencia política para que sea restituida una paz pública que les preocupa cuando es rota en sus cotos pero no cuando se van creando socialmente las condiciones de esos estallidos y rupturas (mucho menos si esas condiciones les producen “legítimas” ganancias, como si la extrema concentración de la riqueza –que en México se asocia en gran medida a la corrupción– no fuera también un secuestro y un asesinato de las expectativas de desarrollo de las grandes mayorías empobrecidas y sin futuro). Quienes están dispuestos a resistir al extremo pacífico el intento de nuevo saqueo en puerta, el de los recursos petroleros, saben que las historias de “éxitos” empresariales que se pretende tejer a partir de la mayor privatización del petróleo mexicano (el estilo Mouriño, pero a lo grande) significarán el ahondamiento de la división social en el país, la consolidación de los estamentos que clasifican a los mexicanos en primera o quinta clase, el abandono criminal de lo que queda de políticas sociales y la conversión de la convivencia colectiva en una selva en la que los poderosos redoblarán agresivamente sus mecanismos de defensa, mientras el resto de los pobladores deberán arreglárselas como puedan.

La organización empresarial de la protesta masiva por la inseguridad pública podría ayudar a que los medios de comunicación comprometidos con la privatización del petróleo tengan material para colocar ese esfuerzo “sano” y “plausible” de la sociedad, “sin distingos de partidos”, unidos todos por el genuino y desinteresado amor por México (¡oh, sí!) frente a la información derivada de los actos de protesta, malvados y antipatrióticos, del izquierdismo violento y fraudulento y su mesías ambicioso (¡oh, no!). Pero es posible que las tretas y las maniobras estén llegando tarde, pues la suerte principal del tema petrolero está echada y, como nunca antes, frente a las pretensiones de resolver “institucionalmente” el diferendo básico sobre el petróleo hay una fuerza social organizada durante largos meses y lista para oponerse activamente a las previsibles decisiones de la nomenclatura legislativa federal.

Astillas

La CNDH podría haber comenzado muchos años atrás su “reingeniería institucional” con ella misma, dejando de ser un instrumento de mediatización y convalidación… Por lo pronto, el Opus Dei de Soberanes y la Nueva Izquierda de Zavaleta (con Creel a un ladito) proponen acuerdos de Estado y pactos nacionales contra la inseguridad…Y, mientras el cardenal Rivera llama a no dejar que la barca de su iglesia se hunda, a pesar de las aves de mal agüero (¿como la pederastia clerical tolerada y protegida?), ¡hasta mañana, con Evo Morales confirmado en el cargo, luego de un referendo revocatorio al que hay mexicanos que no se atreverían a someterse!

Actualidad Politica

Editorial

Juventud y delincuencia

El repunte en las manifestaciones de violencia y criminalidad en el país, que al día de hoy mantiene a la sociedad en su conjunto estremecida, conmocionada y temerosa de salir a la calle, responde a un entorno social sumamente complejo y hostil, en el que es palpable, a la par del incremento en los índices delictivos, la catástrofe en las condiciones de vida de la población en general y en particular de sus franjas más vulnerables. Tal es el caso de los jóvenes, sector que ha padecido con especial crudeza las consecuencias de los desvaríos sociales y económicos de las últimas décadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 59 por ciento de los del fuero común son jóvenes entre 15 y 29 años, mientras que la segunda causa de muerte entre los varones de esas edades son las lesiones relacionadas con la violencia.

Estos datos plantean la radiografía de una realidad vinculada con la ausencia de oportunidades de desarrollo para la juventud de este país, cuyo trasfondo es la ruptura del entramado social, las condiciones de vida deplorables para la mayoría de la población, las insuficiencias del sistema educativo, la falta de empleo y la persistencia de un modelo económico que ha cancelado las perspectivas de movilidad social.

La nación ha asistido, a lo largo de las dos décadas de dominio de la tecnocracia neoliberal, a un derrumbe sostenido de los ciclos de educación básica a cargo del Estado. Las restricciones presupuestarias impuestas y la entrega de los sistemas públicos de enseñanza básica a mafias sindicales corruptas y antidemocráticas han derivado en un desastre que se percibe tanto en la insuficiente atención a este derecho –casi un tercio de los jóvenes no han logrado concluir su educación básica— como en el rechazo de decenas de miles de aspirantes a ingresar en los centros de educación superior del Estado. Para colmo de males, la formación académica ha dejado de representar una garantía para los jóvenes mexicanos: así lo reflejan datos difundidos el año pasado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el sentido de que cada año abandonan el país cerca de 225 mil de los jóvenes más preparados, con la esperanza de “conseguir en otros lugares buena educación, servicios de salud adecuados y empleos dignos”.

A su vez, la política económica que las administraciones federales han seguido en las últimas dos décadas ha heredado a las nuevas generaciones una nación en la que las oportunidades laborales se limitan cada vez más al sector informal, donde más de la mitad de los jóvenes mexicanos tienen su primer empleo; adicionalmente, los que logran incorporarse al sector formal lo hacen en trabajos mal pagados, inciertos y carentes de horizontes de superación. Fuera de ello, las opciones parecen reducirse a la emigración nacional y —sobre todo— internacional o, como puede verse, a unirse a las filas de la delincuencia y el crimen organizado.

Desde distintos sectores de la sociedad se ha realizado un llamado a las autoridades para poner fin a la cadena de delitos que se han sucedido en los meses y años recientes. Se ha reiterado, asimismo, que para combatir efectivamente ese fenómeno es necesario atacar sus causas institucionales, sociales y económicas. En un país en el que más de un cuarto de la población nacional está constituida por jóvenes entre 15 y 29 años, es obligatorio que tales demandas incluyan mejoras perceptibles en las condiciones de vida de ese segmento, a fin de que se diversifique y amplíe su abanico de opciones de vida más allá de la marginación, el atropello, la violencia y la delincuencia.